Mario Cepeda
Varios líderes regionales y locales han expresado su preocupación por los conflictos y la violencia que están ocurriendo en sus respectivos territorios. El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, se pronunció el 20 de junio, enfatizando la necesidad de paz en Nariño y pidiendo respeto a la vida, seguridad y movilidad de las comunidades que desean evitar más conflictos. Ha instado al Ministerio de Defensa a tomar medidas concretas para garantizar los derechos de los nariñenses.
Nariño viene afrontando bloqueos, enfrentamientos, víctimas de minas antipersona, desplazamientos, confinamientos, retenes ilegales y la presencia de grupos armados en áreas urbanas. La propuesta de paz total del gobierno y su enfoque han generado incertidumbre en la región, lo cual ha sido aprovechado por actores armados ilegales para consolidar su poder. Es importante destacar que, antes del acuerdo de paz, las FARC tenían cierto control en diferentes áreas de Nariño, pero tras su salida, múltiples organizaciones ocuparon el vacío dejado por la guerrilla debido a la incapacidad del Estado para recuperar esos espacios.
De manera curiosa, el cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el ELN, Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central está generando más violencia en el territorio. Estos actores, al no contar con presión por parte del Estado, se están enfrentando y profundizando la guerra en Nariño. Este cese al fuego ha ignorado la realidad de los territorios donde los grupos armados ilegales tienen un control operacional más fuerte que el propio Estado. Ante la falta de mecanismos claros de negociación con estos actores ilegales, existe un incentivo y una presión para que consoliden su poder político sobre la población y el territorio, lo cual crea un ciclo perverso en el que cada actor demuestra su poder a través de la violencia. Esta dinámica se ha evidenciado en la tensión y los enfrentamientos que afectan principalmente en la subregión de la cordillera y en el piedemonte costero de Nariño, donde la comunidad indígena Awá sufre las mayores consecuencias de esta disputa.
Por lo anterior, es necesario establecer un proceso de negociación integral que involucre a todos los grupos armados. Resulta fundamental construir una estructura institucional y protocolos para contener y dirigir las fuerzas político-militares. Asimismo, se deben establecer mecanismos de control y verificación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. El control del proceso de cese al fuego y negociación en el país y en Nariño requiere la participación de actores internacionales como garantes y observadores. Su presencia contribuiría a promover la transparencia, la imparcialidad y la confianza entre las partes involucradas.
En este sentido, es pertinente iniciar las mesas de negociación en Nariño para abordar las disputas territoriales y buscar una solución política. Desde diciembre hemos solicitado que el segundo proceso de paz urbano-rural se inicie en Tumaco, dada la urgente necesidad de avanzar en la construcción de paz en la región. Sin embargo, hasta el momento, las mesas de negociación en Nariño no han avanzado, lo cual impide retomar los acercamientos y establecer una ruta hacia la paz. Esto implica que todos los actores ilegales en el departamento deberían participar en el proceso.
La participación ciudadana también desempeña un papel crucial en la construcción de la paz. Es importante que las organizaciones comunitarias y las comunidades afectadas tengan voz en las mesas de negociación y puedan influir en las decisiones. Además, se deben establecer mecanismos que promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad y fomenten la confianza y la inclusión social.
Si bien se reconoce la voluntad del presidente por lograr la paz, existen obstáculos procedimentales que impiden hacerla realidad. Los errores en la comunicación, la planificación y la ejecución de la política de paz generan desconfianza y falta de compromiso por parte de los actores involucrados. Además, las salidas en falso del presidente en relación con los ceses bilaterales, tanto a nivel nacional en diciembre como a nivel regional en mayo (ambos rechazados inicialmente por el ELN), demuestran una falta de estrategia de paz por parte del gobierno. Es el momento de aprender de los errores y experiencias del proceso de paz con las FARC durante la administración de Santos, con el fin de avanzar hacia la paz total.
Por último, el gobierno nacional debería escuchar a los gobernadores y alcaldes que demandan el establecimiento de una hoja de ruta, una metodología y un plan que los incluya en la construcción de paz en sus territorios. Esta solicitud es urgente y busca captar la atención del gobierno central, ya que las deficiencias en la implementación de la iniciativa de Paz Total en el país han generado mayor inestabilidad en diferentes departamentos. Por esto, los líderes regionales han adquirido una importancia crucial y han decidido unirse para ejercer influencia, presionar y solicitar acciones efectivas al gobierno nacional.
