Mario Cepeda
Hace algunos días en Buenaventura, el presidente Petro expresó, respecto al laboratorio de paz: “Aquí nace un faro para alumbrar las posibilidades de Colombia” “esto se extenderá a Barranquilla, Cartagena, Montería, se extenderá a Tumaco, se extenderá a las barriadas populares de Medellín, de Cali, de Bogotá”. Con el primer proceso de paz urbano en Buenaventura, es necesario solicitar el inicio de un proceso de paz rural-urbano en Tumaco, centro de disputa territorial en el pacífico, cuestión que permitiría avanzar hacia la paz total, lo cual beneficiaría a miles de personas que viven en esta zona.
En Nariño como en otros departamentos periféricos y fronterizos, la paz significa, además de disminución de muertes, el primer paso para la recuperación del territorio por parte del Estado. Éste que, por falta de capacidad o voluntad, no ha ejercicio el control de estas zonas, ha dejado a las poblaciones a merced de los actores armados ilegales, los cuales lo reemplazan, llenan el vacío dejado por el Estado, han ejercido la “justicia”, han abierto vías, etc.
En este sentido, las comunidades ubicadas en estos territorios han sido víctimas de la ausencia, abandono, distanciamiento e incapacidad del Estado central. Las comunidades son víctimas colectivas que han tenido que convivir con actores ilegales y buscar solucionar sus problemas, económicos, de seguridad. Por esta razón, estas comunidades deberían ser los sujetos activos de la construcción de paz y las que deben ser escuchados.
Desde Tumaco, la voz del obispo que ha invitado a las organizaciones armadas al cese al fuego, y por su parte, la coordinadora guerrillera del pacífico ha expresado la voluntad de paz con la liberación de “prisioneros de guerra” y con la disposición del cese al fuego. Por ello, conforme a la ley 2272 de 2022, es necesario que se constituya a Nariño como una región de paz que permita adelantar la pacificación del departamento con todos los actores. Esto también para que se incluya a la sociedad civil en el diálogo. El elemento ciudadano es clave para avanzar hacia la legitimidad del proceso.
Las comunidades deben ser escuchadas con el fin de construir alternativas de solución a la guerra, atendiendo la especificidad de la zona, alternativas de gradualidad y reemplazo de cultivos de uso ilícito. De hecho, hace unos días, una comunidad en la costa pacífica le solicitó a un actor armado que si llegan a un acuerdo con el gobierno, no entreguen las armas, por cuanto pasaría lo mismo que ocurrió en el 2016, una nueva disputa territorial. Por ello, una propuesta de la coordinadora guerrillera del pacífico es que se constituyan como una guardia campesina, con el fin de lograr una transición para el control territorial que debería estar en el Estado colombiano. Por tanto, no sólo debe existir una gradualidad en la sustitución de cultivos, sino en la entrega de armas por parte de los actores armados ilegales.
Desde la sociedad civil, celebramos y reconocemos los gestos de paz, porque toda vida que se pueda respetar y salvar en el contexto de violencia que persiste, es una ganancia profunda para un país que se acostumbró a ser indiferente e insensible. El pacto por una vida salvada vale la pena. Además porque son jóvenes los que están en la confrontación. Jóvenes con limitadas o nulas oportunidades.
Por lo anterior, hacemos una llamado a los líderes regionales para que se propongan espacios, más allá de lo electoral, para construir una ruta, proyectos alternativos y aportes para resolver los problemas territoriales, especialmente la violencia y los cultivos de uso ilícito. Igualmente, se impulse y se acompañen el diálogo regional de paz, y se nombre por parte del presidente, si es necesario, un consejero de paz para Nariño, conforme a la ley 2272.
