Mario Cepeda
El Partido de Integración Nacional (PIN) fue un partido muy cuestionado a nivel nacional, fue llamado el partido de las sombras por el portal, “Verdad Abierta”, por cuanto, “sus principales cuadros guardan una estrecha relación (familiar, ideológica o ‘padrinaje’ político) con para-políticos de todo el país, muchos de ellos concentrados hoy en la cárcel La Picota de Bogotá donde purgan penas de hasta 40 años.” El PIN fue fundado el 9 de noviembre de 2009 como Partido de Integración Nacional (PIN), por Luis Alberto Gil, vinculado con la para política y condenado por corrupción, en la convención nacional del desaparecido movimiento Convergencia Ciudadana. En 2013, con vista a las elecciones que se celebraron al año siguiente, cambió su nombre por Opción Ciudadana.
Por su parte, la Unión Patriótica– UP, surgió del diálogo político entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional en 1984, con la posibilidad crear un movimiento político nuevo que le permitiera a la insurgencia hacer política legalmente con garantías y con la intención de acceder a cargos de elección popular y hasta gobernar. Según sus estatutos, es un movimiento político y social amplio, popular, de convergencia democrática, que funciona de acuerdo con los derechos y deberes consagrados en la Constitución Colombiana y las leyes de la República.
Ahora bien, este fin de semana en un evento llamado de actualización política en Ipiales, se presentaron los candidatos por parte de la Unión Patriótica y de la Colombia Humana. Resultó curioso conocer el candidato avalado por la Unión Patriótica para la alcaldía de Ipiales, Miguel Huertas, quién fue concejal del periodo 2012 a 2015 por el partido de integración nacional PIN, reelecto para el periodo 2016 a 2019 por el partido político Opción Ciudadana. Igualmente, hace 4 años fue candidato a la alcaldía avalado por el partido conservador, apoyado por la entonces senadora Miriam Paredes y la representante Liliana Benavides, respaldado en su momento por el senador Berner Zambrano y la representante Teresa Enríquez, y ayudado por la administración de Ricardo Romero, campaña que dejó a varios funcionarios suspendidos por la Procuraduría por participación en política.
Lo anterior deja los siguientes interrogantes, y teniendo en cuenta que las lógicas locales no necesariamente replican las nacionales: ¿La intención de ganar las próximas elecciones hace caso omiso a la trayectoria partidaria de sus avalados? ¿Debe existir algún tipo de ideología por parte de avalados para pertenecer a la UP? ¿Qué requisitos tiene la UP para avalar a los candidatos? ¿Un exmilitante del PIN puede ser ahora candidato por la UP? ¿Debe existir coherencia en las posturas políticas por los candidatos avalados por la UP?
