Nariño necesita una nueva manera de comprender su relación con el Estado. Durante décadas hemos insistido en la ausencia estatal, el abandono institucional y la deuda histórica con el departamento. Sin embargo, esta mirada, aunque permite reconocer problemas reales, resulta insuficiente para comprender la complejidad del territorio y, especialmente, para encontrar soluciones.
Es necesario pasar del concepto de Estado ausente al de Estado distante, limitado y disputado. Esta perspectiva permite reconocer que la institucionalidad existe, pero tiene capacidades desiguales, enfrenta restricciones y, en numerosos territorios, compite con las reglas impuestas por actores armados ilegales. La reflexión de Brinks, Levitsky y Murillo en su libro “Understanding Institutional Weakness: Power and Design in Latin American Institutions” sobre la debilidad institucional ofrece herramientas para comprender esta realidad.
El problema de insistir exclusivamente en el vacío estatal es que hemos terminado construyendo una relación de dependencia con las instituciones. Vemos al Estado como un gran padre ausente al que reclamamos permanentemente soluciones, pero olvidamos que también somos responsables de su construcción. Esta mentalidad puede alimentar la resignación, el victimismo y la idea de que nuestro destino depende exclusivamente de decisiones tomadas desde Bogotá.
Nariño necesita dejar de pensarse únicamente como víctima del abandono y comenzar a reconocerse como protagonista de su construcción institucional.
Las instituciones importan porque establecen las reglas del juego. Reducen la incertidumbre, protegen a los ciudadanos, generan condiciones para la cooperación y permiten que las personas y las empresas desarrollen proyectos de largo plazo. Su valor está precisamente en su permanencia: los gobernantes son transitorios, pero las instituciones deben trascender a las personas.
En Nariño, sin embargo, encontramos una convivencia compleja entre reglas formales, informales e ilegales. La cultura, las costumbres, las prácticas comunitarias y las relaciones sociales también construyen instituciones. Las reglas informales pueden fortalecer las normas estatales, pero también debilitarlas cuando terminan legitimando prácticas contrarias a la legalidad.
El mayor problema aparece cuando los actores armados ilegales adquieren la capacidad de imponer sus propias reglas. Deciden quién puede circular, producir, invertir, comerciar o expresarse. Amenazan, silencian, atacan y restringen las libertades. En algunos territorios, sus decisiones tienen mayor capacidad de imposición que las disposiciones de las autoridades legítimas.
Esta disputa institucional tiene consecuencias profundas. La violencia no solamente produce víctimas: destruye confianza, limita las oportunidades económicas y reduce la posibilidad de imaginar un futuro distinto.
La inversión pública puede quedar expuesta a la cooptación de estructuras ilegales, mientras la inversión privada enfrenta amenazas, extorsiones y ataques. La inseguridad sobre el corredor de la carretera Panamericana y las agresiones en contra de proyectos empresariales como el de EVOLTI, evidencian los costos de una institucionalidad incapaz de garantizar plenamente la seguridad.
La precariedad institucional también limita los sueños. ¿Cómo puede un empresario proyectar una inversión de veinte años si no sabe si podrá operar con tranquilidad mañana? ¿Cómo puede una familia construir su futuro cuando las reglas cambian según el actor armado que controla su territorio? ¿Cómo puede prosperar una comunidad cuando la violencia determina sus posibilidades?
Por eso, la seguridad constituye una condición fundamental para construir institucionalidad. El Estado debe recuperar el monopolio legítimo del uso de la fuerza, siempre sometido a la Constitución, la ley y los derechos humanos. No se trata de sustituir una violencia ilegal por una violencia estatal arbitraria, sino de garantizar que ninguna organización armada pueda imponer su voluntad sobre los ciudadanos.
Pero la presencia de la fuerza pública, aunque necesaria, no es suficiente. La institucionalidad también se construye con justicia, educación, infraestructura, servicios públicos, oportunidades económicas y autoridades capaces de cumplir las reglas que representan.
Nariño necesita una estructura institucional que permita definir un norte compartido para sus territorios. No basta con fortalecer entidades aisladas ni con multiplicar programas gubernamentales. Es necesario construir capacidades permanentes, coordinar esfuerzos y reconocer las particularidades del Pacífico, la cordillera, la frontera, el piedemonte y la región andina.
Esto exige recuperar una pregunta histórica: ¿qué ocurrió con el proyecto de construcción territorial que dio origen al departamento hace más de 120 años? Nariño nació con aspiraciones de conectividad, de paz, educación e integración. Sin embargo, después de más de un siglo, persisten enormes limitaciones para transformar sus riquezas naturales, culturales y humanas en bienestar colectivo.
No podemos seguir utilizando las mismas herramientas de interpretación si estas no nos permiten comprender suficientemente nuestros problemas ni construir nuevas respuestas. La idea de abandono explica una parte de nuestra historia, pero no puede convertirse en nuestra única identidad.
El gran desafío de Nariño es hacer funcionar las instituciones legales. Que las reglas sean conocidas, legítimas y estables; que protejan a los ciudadanos; que permitan invertir sin miedo; que generen confianza y cooperación; y que sobrevivan a los cambios de gobierno.
El Estado distante no debe convertirse en una justificación de sus responsabilidades incumplidas. Por el contrario, debe ayudarnos a identificar dónde están sus limitaciones, quién disputa su autoridad y qué capacidades debemos construir para superarlas.
Nariño necesita instituciones que ofrezcan garantías para vivir, emprender, educarse, producir y soñar. Porque una sociedad sin garantías termina dependiendo de la voluntad de quienes tienen la fuerza, mientras una sociedad con instituciones puede construir su propio destino.
El futuro de Nariño no depende solamente de que llegue el Estado. Depende también de nuestra capacidad colectiva para construirlo, defenderlo y hacerlo funcionar.