Mario Cepeda
En el Congreso el senador nariñense Eduardo Enríquez Maya ha propuesto reformar los artículos de la Constitución Política para convertir a Tumaco en Distrito Especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. Propuesta que tiene el aval del gobierno y de senadores nariñenses de varias corrientes, como Antonio Navarro, Miriam Paredes y Tato Alvárez, la misma que hace algunos días fue aprobada en primer debate en la comisión primera constitucional, propuesta criticada por la senadora Claudia López al acusar al senador Enríquez de hacer populismo, de incrementar la burocracia y no cumplir con los requisitos legales.
Respecto a esto, y sin ser seguidor del senador Enríquez, pero en aras de generar un análisis de fondo que tiene que ver con promover más acciones a favor de Tumaco y menos discursos, me gustaría presentar algunas ventajas sobre el particular.
Frente al populismo, la propuesta, seguramente, va a ser utilizada como bandera electoral para las próximas elecciones. Sin embargo, es allí en donde la ciudadanía debería ejercer presión para superar la coyuntura y avanzar hacia la consolidación de este régimen especial que ofrecería algunas ventajas. En este sentido, Tumaco requiere propuestas claras y concretas desde todos los frentes: ciudadanía, congreso, gobierno nacional, gobierno local, departamental, academia.
Es preciso que la simple modificación constitucional no significa que por arte de magia llegan más recursos al puerto, pero sí permite un mayor estatus jurídico para la gestión. Todo depende de la voluntad política y presión ciudadana para exigir ante el gobierno nacional el presupuesto necesario para atender las necesidades y prestar los servicios públicos.
Por otra parte, Tumaco requiere un fortalecimiento institucional que permita mayor presencia del Estado y mejores herramientas para atender los problemas que afronta. Son necesarias medidas especiales e instrumentos jurídicos diferentes a los que tienen los municipios.
Conforme a la ley 1617 de 2013, se abre una posibilidad para que Tumaco, como distrito, pueda suscribir convenios o contratos plan, cuestión que debería enfocarse a un Contrato Plan Paz para que se puedan concretar los recursos y el trabajo en todos los niveles. Este en mi concepto, es la mayor ventaja. Los Contratos Plan han mostrado tener efectividad y ser garantía de ejecución de los recursos de los tres niveles de gobierno, tal como ocurrió con el contrato plan Nariño firmado por el gobernador Raúl Delgado.
Otra ventaja, es que permitiría mayor participación política de las comunas, lo cual abre la posibilidad de incluir sectores que no han estado en el centro de definición de políticas del distrito. Además que sería esencial para la planificación y proyección de un nuevo Tumaco. Igualmente, facilitaría la construcción de una ciudadanía efectiva, con derechos y obligaciones de sectores excluidos.
Tumaco tendría una contraloría distrital, que en un marco de decisión política se debería encomendar el proceso de selección, en mi opinión, a la Universidad Nacional de Colombia, la cual garantizaría una convocatoria transparente y meritocrática. Esto permitiría generar un mayor control a las finanzas de Tumaco y estaría centrado en sancionar el detrimento patrimonial.
En otro sentido, Tumaco ha sido la principal víctima del conflicto. La guerra ha sido implacable. Ahora sigue siendo un centro de disputa por el territorio y por el negocio de las drogas. Por esto, esta medida puede ser vista como una medida reparativa y de reconocimiento constitucional a favor de un territorio que necesita medidas espaciales para poder generar gobernabilidad y prestación de los servicios esenciales para todos los tumaqueños. Tumaco, distrito de paz.
Finalmente, frente al trámite de declarar un municipio como distrito existen dos procedimientos, uno a través de reforma legal y el otro a través de reforma constitucional. Esta iniciativa se adelanta por la vía constitucional y cumple con los requisitos formales para su realización.
