Mario Cepeda
Han pasado más de 30 días desde que el gobernador electo, Luis Alfonso Escobar, alcanzó la victoria, y su incansable labor dentro y fuera del departamento es innegable. Destacan sus reuniones con el presidente, que están enfocadas en dos puntos cruciales para la agenda regional: alcanzar la paz total e implementar el pacto territorial para Nariño.
Estos temas, aparentemente específicos, tienen el potencial de transformar la región. La presencia de un gobernador aliado debería presionar al gobierno nacional para que tome medidas fundamentales, por ejemplo, acciones de recuperación económica como la declaración de emergencia, que en su momento fue denegada.
Además, existe el desafío de asegurar la financiación de proyectos esenciales, como la doble calzada Pasto-Popayán, que carece de recursos, y la variante Timbio – El Estanquillo, en la que falta progreso en la contratación. Es nuestro anhelo que esta relación entre el gobierno nacional y regional se traduzca en acciones tangibles que beneficien a Nariño.
A pesar de estos avances, el empalme ha quedado rezagado. El primer paso para combatir la corrupción es implementar acciones concretas de transparencia, comunicación e información sobre la transición gubernamental. Después de las elecciones y en medio de un discurso victorioso de cambio para Nariño, es un elemento que hasta ahora se ha llevado con discreción.
No se han dado detalles sobre su progreso, sobre quiénes integran el equipo técnico a cargo y sobre las denuncias, que jugaron un papel crucial durante la campaña. El discurso anticorrupción, contrario a las prácticas políticas tradicionales, se ha desvanecido en un proceso opaco que no refleja la transformación prometida.
Mientras que en la alcaldía de Pasto se observa un proceso público de empalme, en el que colaboran efectivamente la administración saliente y la entrante, en la gobernación reina el mutismo, el secretismo y la falta de transparencia. Asimismo, la iniciativa del alcalde electo, Nicolás Toro, al convocar a la unidad regional es clave, pues cuenta con la participación mayoritaria de congresistas y sectores económicos de la ciudad y el departamento.
Comparado con prácticas destacadas a nivel nacional, vale la pena mencionar lo que ha hecho el alcalde Alejandro Eder en Cali, quien convocó a un empalme ciudadano que fomentó una auténtica participación cívica e involucró a la población en la evaluación de la administración municipal. No es necesario ir muy lejos para recordar la auditoría que el gobernador saliente, Jhon Rojas, le hizo a Camilo Romero, su predecesor, como parte de su empalme.
Es fundamental conocer el proceso de empalme con los proyectos entregados al Fondo Mixto del Valle, así como la postura que el gobernador electo tiene con respecto a esta cuestionada práctica cuestionada: ¿la mantendrá o la eliminará? También es esencial conocer la estrategia que se empleará para invertir eficientemente los recursos del departamento de Nariño, sobre todo los que provienen del Sistema General de Regalías.
Entonces, propongo la creación de un Fondo Mixto en Nariño, que gestione eficazmente los recursos e involucre de forma transparente a empresarios e ingenieros locales en los procesos contractuales, especialmente en obras de infraestructura.
Es necesario avanzar hacia un ejercicio democrático más transparente y abierto para hacer realidad el cambio prometido. Si no, como suele decirse, “el almuerzo será igual al desayuno”. Por el bien de Nariño, más allá de cualquier afiliación política, se requiere un liderazgo técnico, organizado y arraigado al territorio, no gestionado desde el Valle.
No podemos permitir que se repita la historia de la gobernación de Camilo Romero, en la que muchos funcionarios desconocían el territorio y acabaron cometiendo errores que hoy estamos pagando. Convocar audiencias públicas y publicar los de avances en el proceso son acciones clave.
Finalmente, la transición gubernamental es una etapa crucial que demanda claridad, transparencia y compromiso con el bienestar de la región. Esperamos que se tomen medidas concretas y eficientes para el progreso de Nariño, y que se dejen de lado las prácticas opacas y tradicionales que han lastrado su desarrollo.
Adenda: en relación con la columna de opinión escrita por Luis Felipe Henao, es imperativo llevar esa discusión a una investigación judicial, para que no exista ninguna duda sobre la legitimidad de las elecciones. La presencia de actores armados ilegales en la inauguración de obras en los municipios de la cordillera planteó interrogantes válidos sobre su participación en el proceso electoral, la justicia debe develar estas acciones o dejar que el tiempo haga su trabajo.
