Durante décadas, Nariño construyó una cultura política que hizo del diálogo uno de los principales mecanismos para enfrentar el conflicto armado. Mientras otras regiones privilegiaban exclusivamente la respuesta militar, en el departamento surgieron liderazgos, escenarios e iniciativas orientadas a comprender las causas de la violencia y explorar soluciones políticas.
Figuras como Parmenio Cuéllar, exgobernador de Nariño, impulsaron una visión según la cual las decisiones de Estado debían construirse desde los territorios. Especialmente frente la fumigación de los cultivos ilícitos, lo cual llevó a la creación del grupo de los gobernadores de Sur, en pro de una apuesta alternativa al Plan Colombia. Posteriormente aparecieron agendas regionales de paz, laboratorios, espacios de concertación y procesos de diálogo que convirtieron a Nariño en un referente nacional de construcción territorial de paz.
Sin embargo, ese paradigma parece haber llegado a su mayor punto de agotamiento.
La firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 modificó profundamente la naturaleza del conflicto. Años después, la denominada Paz Total, impulsada mediante la Ley 2272 de 2022, buscó ampliar la posibilidad de negociar con diferentes organizaciones armadas. No obstante, la implementación encontró enormes dificultades jurídicas, institucionales y operativas que terminaron debilitando la credibilidad del modelo.
Antes de entrar al análisis, conviene recordar una reflexión que hice en 2024 en la columna “La paz de Nariño no es la paz de Colombia”, en la que señalé:
“Si todo sale bien, uno de los principales logros del presidente al terminar su gobierno será probablemente la paz construida en el departamento de Nariño. Sin embargo, el resto del país seguirá siendo inestable ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con los líderes nacionales del ELN y del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC.”
Lamentablemente, esa hipótesis parece haberse confirmado. Se evidenció una clara dicotomía entre la realidad nacional y la territorial: mientras la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro terminó perdiendo legitimidad y capacidad de implementación en el ámbito nacional, en Nariño sí se registraron avances verificables en materia de reducción de la violencia y construcción de escenarios de diálogo, especialmente si se compara con departamentos vecinos como el Cauca, donde la fractura de la autoridad estatal alcanzó niveles críticos, al punto de impedir que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, realizara allí su acto de posesión.
En ese contexto, es justo reconocer la posición firme y constante del gobernador Luis Alfonso Escobar en la promoción de una estrategia de paz territorial. No obstante, mi principal preocupación radica en la delgada línea que puede separar la paz territorial de la gobernanza criminal. Ambos escenarios pueden reflejar indicadores similares —disminución de homicidios, secuestros o atentados—, pero responden a realidades profundamente distintas: en uno, la reducción de la violencia es consecuencia del ejercicio legítimo de la autoridad por parte del Estado; en el otro, obedece al control impuesto por actores armados ilegales sobre la población y el territorio. Aunque en Nariño, al parecer, no se presentó el fenómeno de los llamados “congelados”, sí es evidente que en amplias zonas el Estado continúa sin ejercer una presencia efectiva. Esa realidad pone en riesgo cualquier proceso de diálogo que carezca de control operacional, de una arquitectura jurídica sólida y del respaldo político e institucional del Gobierno nacional.
La experiencia reciente deja importantes lecciones sobre la política de Paz Total. En sus obras El fracaso de la Paz Total y Colombia después de Petro, Eduardo Pizarro y Hernando Gómez, respectivamente, identifican varias de las principales debilidades de esta estrategia: la ausencia de criterios objetivos para seleccionar a los interlocutores válidos; los vacíos jurídicos frente a los mecanismos de sometimiento a la justicia; las deficiencias en los sistemas de verificación y monitoreo; la improvisación en la implementación de los ceses al fuego; la débil coordinación entre las entidades responsables; y la escasa participación de las víctimas y de la sociedad civil en las etapas iniciales del proceso. Estos factores, entre otros, terminaron afectando la credibilidad, la coherencia y la efectividad de una política que aspiraba a convertirse en el principal legado del gobierno de Gustavo Petro.
A ello se suma la ausencia de una arquitectura jurídica suficientemente robusta que brindara seguridad tanto al Estado como a quienes eventualmente decidieran abandonar las armas. Más allá de las responsabilidades políticas, el balance obliga a reconocer que la implementación no produjo los resultados esperados. Ello no significa renunciar al objetivo de proteger la vida. Por el contrario. La protección de la vida debe convertirse en el punto de encuentro de cualquier proyecto político, independientemente de su orientación ideológica. No se trata de escoger entre paz o seguridad como si fueran conceptos incompatibles, sino de construir una seguridad basada en los derechos humanos, con presencia efectiva del Estado, instituciones sólidas y control legítimo del territorio.
A ello se suma el cambio político que vive el país. La llegada del presidente Abelardo representa una visión radicalmente distinta sobre la seguridad y el tratamiento de los grupos armados ilegales. Si durante los últimos años la prioridad fue la negociación, el nuevo escenario apunta hacia el fortalecimiento de la autoridad estatal, el monopolio de las armas y el sometimiento a la justicia.
En consecuencia, resulta legítimo preguntarse si aún existe sustento político, jurídico e incluso conceptual para continuar promoviendo nuevos procesos de paz con organizaciones cuya motivación principal parece estar cada vez más asociada a economías ilegales que a proyectos ideológicos.
El conflicto colombiano también cambió. La confrontación que durante décadas estuvo explicada por discursos revolucionarios hoy se encuentra estrechamente vinculada al control de rentas provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y, en muchos casos, la captura de recursos públicos mediante corrupción e infiltración institucional.
La guerra dejó de ser predominantemente política-ideológica para convertirse, en buena medida, en una disputa económica por el control del territorio. Este cambio obliga a revisar muchas de las categorías tradicionales con las cuales se interpretó el conflicto armado colombiano.
Durante años se sostuvo que la pobreza y la exclusión constituían las principales causas objetivas de la violencia. Sin desconocer que las condiciones sociales pueden facilitar el reclutamiento o aumentar la vulnerabilidad de algunas comunidades, reducir el origen del conflicto únicamente a la pobreza resulta insuficiente. Si la pobreza explicara por sí sola la existencia de guerrillas, numerosos países con niveles similares o incluso superiores de pobreza tendrían organizaciones armadas de naturaleza semejante. La realidad internacional demuestra que ello no ocurre necesariamente.
Además, ningún destino de una persona pobre debe ser la violencia. Las sociedades también cambiaron. Hoy existen mayores posibilidades de movilidad territorial, acceso a información, migración hacia centros urbanos y alternativas económicas que hace cincuenta años simplemente no existían. La pobreza puede ser un factor de vulnerabilidad, pero no constituye una justificación para la violencia política.
En Nariño, además, el desafío institucional adquiere características particulares. La mayoría de municipios pertenece a la sexta categoría, cuentan con reducida capacidad administrativa y, en numerosos casos, enfrentan graves problemas de captura institucional por parte de organizaciones ilegales.
Ello plantea una discusión que el país aún no ha querido dar: si el municipio, concebido constitucionalmente como núcleo fundamental de la organización territorial, continúa siendo suficiente para garantizar la presencia efectiva del Estado en regiones donde los grupos armados ejercen control social, económico e incluso político. Más que una simple ausencia estatal, algunos territorios experimentan una disputa permanente por la legitimidad y el ejercicio de la autoridad.
El monopolio del uso legítimo de la fuerza corresponde exclusivamente al Estado. Ninguna organización ilegal puede compartir esa función sin poner en riesgo el propio Estado de derecho.
En consecuencia, Nariño necesita abrir una nueva discusión. No sobre cómo justificar nuevamente la violencia, sino sobre cómo recuperar la institucionalidad en territorios donde confluyen tres variables que históricamente han limitado el desarrollo: corrupción, debilidad institucional y violencia. Precisamente esas tres variables fueron identificadas en mi investigación de maestría sobre Tumaco como los principales factores que explican las dificultades estructurales para consolidar procesos sostenibles de desarrollo territorial.
Mientras estas condiciones permanezcan intactas, cualquier estrategia de desarrollo tendrá resultados limitados. Quizá el mayor desafío para los próximos años consista en superar la falsa dicotomía entre paz y seguridad.
La paz sin autoridad estatal termina siendo frágil. La seguridad sin legitimidad democrática resulta insostenible. Nariño necesita construir un modelo propio de seguridad territorial con enfoque de derechos humanos, presencia institucional efectiva, fortalecimiento administrativo de los gobiernos locales, lucha frontal contra las economías ilegales y una política pública que recupere la confianza ciudadana sin caer en la justificación política de la violencia.
El ciclo histórico de los procesos de paz, tal como fueron concebidos durante las últimas décadas, parece estar llegando a su fin. El reto consiste ahora en construir un nuevo paradigma que permita garantizar la seguridad, fortalecer el Estado y proteger la vida como el valor superior de la democracia.
