Existe una idea que se ha repetido durante generaciones sobre Pasto y Nariño: que nuestra historia ha estado marcada por el aislamiento. La geografía, las montañas, las distancias con Bogotá y las dificultades de comunicación terminaron construyendo la imagen de una provincia encerrada sobre sí misma, distante de los grandes centros políticos y económicos.
Sin embargo, Isabel Arroyo, en su libro Pasto al borde de la historia, cuestiona precisamente ese lugar común. Una de las tesis más interesantes de su investigación es que Pasto no fue una provincia aislada. Todo lo contrario: fue un territorio de tránsito, comunicación, producción e intercambio. Por aquí circularon personas, mercancías, noticias, intereses económicos e ideas. Hubo movimiento y existieron conexiones permanentes con otros territorios.
La geografía difícil, entonces, no puede confundirse con aislamiento. Pasto ocupó una posición estratégica dentro de los circuitos que conectaban distintos espacios del actual sur de Colombia y el norte del Ecuador. Durante buena parte de su historia estuvo vinculada administrativamente con Popayán, pero mantuvo fuertes relaciones religiosas, comerciales y económicas con Quito. Era parte fundamental del corredor Popayán–Pasto–Quito. La provincia producía harinas, textiles y otros bienes que circulaban hacia diferentes mercados. A su vez, las minas de oro de Barbacoas y del Pacífico estaban integradas a estas dinámicas económicas, aunque bajo el control de Popayán. . Nuestro oro nunca ha sido nuestro: primero lo controló Popayán, después buena parte de sus regalías terminaron en Antioquia y hoy una parte importante de su explotación está en manos de actores armados ilegales.
Esta mirada resulta especialmente importante para entender nuestra relación con Ecuador. La cercanía entre Pasto y Quito no es reciente ni puede explicarse únicamente por compartir una frontera. Es una relación histórica que antecede incluso a la existencia de Colombia y Ecuador como repúblicas independientes.
Las relaciones entre Colombia y Ecuador siempre han estado marcadas por una sensación de hermandad. Recuerdo desde niño mis visitas a Tulcán: estaba tan cerca y, al mismo tiempo, parecía tan diferente. La vestimenta, la comida, algunas expresiones y el comercio característico de la frontera hacían evidente que habíamos cruzado a otro país, aunque culturalmente continuáramos recorriendo un mismo territorio.
Crecimos considerándonos pueblos hermanos, pero nunca hemos sido capaces de aprovechar plenamente esa cercanía. Para quienes vivimos en Nariño, Ecuador nunca ha sido simplemente otro país. Hace parte de nuestra cotidianidad. Durante décadas hemos cruzado Rumichaca para comprar, vender, estudiar, trabajar, hacer turismo o visitar familiares. Las fluctuaciones del peso y del dólar han cambiado la dirección de los compradores, pero el intercambio nunca se ha detenido.
Sin embargo, nuestra relación binacional ha estado excesivamente condicionada por los problemas de seguridad. Contrabando, narcotráfico, cultivos ilícitos, grupos armados y economías ilegales terminaron ocupando buena parte de la conversación fronteriza.
Y allí aparece una paradoja: los ilegales han comprendido mejor las ventajas estratégicas de la frontera que nuestros propios Estados.
Mientras Colombia y Ecuador han visto durante décadas una línea que divide dos países, los grupos ilegales han observado un territorio completo: corredores, ríos, selvas, puertos, comunidades, pasos informales, economías complementarias y conexiones con el océano Pacífico.Ellos vieron el bosque mientras nosotros seguimos mirando el árbol.
Durante buena parte de nuestra historia reciente, quienes cruzábamos hacia Ecuador percibíamos un país relativamente tranquilo. Sus niveles de violencia eran considerablemente menores y no desarrolló organizaciones guerrilleras comparables con las colombianas. Eso no significaba que estuviera aislado del conflicto colombiano.
Los actores armados siempre buscaron aprovechar la línea fronteriza. El episodio más conocido ocurrió en 2008, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe bombardeó en territorio ecuatoriano el campamento de Raúl Reyes, integrante del secretariado de las FARC, en Sucumbíos. La operación desencadenó una de las crisis diplomáticas más graves entre los dos países.
También existen antecedentes de organizaciones armadas como el ELN que han utilizado territorios fronterizos estratégicos para movilidad, abastecimiento y control territorial. Esa realidad continúa representando un desafío particularmente complejo para departamentos como Nariño.
Las tensiones tampoco fueron exclusivamente militares. Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones aéreas con glifosato realizadas cerca de la frontera. El litigio terminó mediante un acuerdo entre los dos países que incluyó una compensación económica de Colombia y compromisos relacionados con futuras fumigaciones fronterizas.
El narcotráfico encontró allí condiciones para ampliar sus operaciones y la violencia asociada a las economías ilegales comenzó a adquirir dimensiones que antes parecían propias del conflicto colombiano. El asesinato, en 2018, de los periodistas ecuatorianos secuestrados por la estructura de alias Guacho fue quizá una de las señales más dramáticas de una transformación que ya resultaba imposible ignorar.
El denominado efecto globo de la lucha contra las drogas también contribuyó a desplazar rutas, organizaciones y actividades criminales hacia nuevos territorios. Hoy Colombia y Ecuador comparten problemas que antes parecían pertenecer principalmente a este lado de la frontera.
Mi interés por esta relación no proviene únicamente de vivir en Nariño. He tenido la oportunidad de conocer las dos grandes dimensiones de nuestra frontera: la andina y la pacífica. En 2008 desarrollé mi investigación de maestría alrededor de nuevos actores de las relaciones internacionales, particularmente los movimientos sociales afrodescendientes que promovían procesos de integración binacional entre Colombia y Ecuador. Estudié entonces la experiencia de la Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas —CANE— y la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur —RECOMPAS—, organizaciones que demostraban que las relaciones internacionales no pertenecen exclusivamente a presidentes, cancilleres y diplomáticos. Existe además una integración que los mapas políticos nunca consiguieron dividir completamente. Los pueblos Pastos habitan territorios de Colombia y Ecuador. El pueblo Awá también existe a ambos lados de la frontera. Tenemos músicas, alimentos, tradiciones, expresiones y relaciones familiares compartidas. Podríamos promover rutas de turismo indígena, afro, comunitario, religioso y cultural; intercambios universitarios; investigaciones binacionales; programas de doble titulación; educación étnica, movilidad estudiantil y proyectos conjuntos de ciencia y tecnología.
Afros, indígenas, comerciantes, transportadores, universidades, empresarios y organizaciones sociales han construido durante décadas relaciones que muchas veces sobreviven incluso cuando Bogotá y Quito atraviesan dificultades diplomáticas. Por eso resulta equivocado reducir nuestra frontera al narcotráfico. La frontera también produce cultura, conocimiento, comercio, turismo, servicios, alimentos e identidad.
El puente internacional de Rumichaca representa mucho más que infraestructura. Alrededor suyo se construyeron historias sobre comercio, migración, fortuna, tragedia y esperanza. Miles de familias fronterizas tienen alguna historia relacionada con ese puente.
Pero nuestra integración no puede depender exclusivamente de Rumichaca. Existe otro símbolo que demuestra precisamente nuestras dificultades: el puente sobre el río Mataje. Hace algunos años escribí una columna que denominé “Un elefante blanco en la frontera. Las preferencias de Petro por Venezuela”, precisamente para llamar la atención sobre una infraestructura construida con recursos públicos que durante demasiado tiempo no logró cumplir plenamente el propósito estratégico para el cual fue concebida. Su apertura y funcionamiento integral deberían convertirse en uno de los primeros actos políticos y simbólicos de una nueva etapa de las relaciones entre Colombia y Ecuador.
No se trataría simplemente de habilitar un puente. Sería ejercer soberanía. La presencia efectiva de los dos Estados en ese corredor enviaría un mensaje contundente: la frontera pertenece a los ciudadanos y no a las organizaciones criminales. La frontera debe producir riqueza para la frontera
Existe además una discusión económica que hemos aplazado. Los nariñenses y los habitantes de las provincias fronterizas ecuatorianas deben convertirse en los principales beneficiarios de la integración. No podemos seguir siendo simplemente territorios por donde pasan mercancías. La frontera no puede observar pasar la riqueza mientras conserva la pobreza, la informalidad y la violencia. Necesitamos construir cadenas productivas binacionales que permitan agregar valor en el propio territorio. Agroindustria, logística, turismo, servicios de salud, educación, producción cultural, comercio y economía del Pacífico ofrecen posibilidades enormes.
Pasto, por ejemplo, ha consolidado servicios médicos especializados que reciben pacientes ecuatorianos. Esa dinámica podría convertirse en una verdadera estrategia binacional de servicios de salud. También tenemos una tradición logística histórica que podríamos recuperar. Nuestra posición geográfica permite pensar a Nariño no solamente como el extremo sur de Colombia, sino como una plataforma de conexión entre Colombia, Ecuador y el Pacífico.
Ecuador posee además una experiencia comercial y portuaria hacia el Pacífico que deberíamos aprovechar mediante proyectos conjuntos. La frontera debe dejar de mirar exclusivamente hacia Bogotá y Quito para comenzar también a mirar hacia Asia y hacia el mundo.
Necesitamos una frontera del conocimiento. La integración no puede construirse únicamente con militares, policías y funcionarios de aduanas. También necesita profesores, investigadores, estudiantes, empresarios, artistas, médicos, comunidades indígenas y organizaciones afrodescendientes. Seguridad sin narcotizar la relación Nada de esto significa desconocer la gravedad de la seguridad. Por el contrario. La expansión del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales exige una cooperación mucho más profunda entre los dos Estados. Colombia y Ecuador necesitan compartir inteligencia, coordinar operaciones, controlar corredores estratégicos y mantener presencia permanente en aquellos territorios donde organizaciones ilegales pretenden imponer sus propias reglas. Pero la presencia militar es necesaria, no suficiente.
Los grupos armados contemporáneos ya no necesitan necesariamente tomarse todo el Estado. Les basta con controlar partes estratégicas del territorio, poblaciones determinadas, corredores, economías extractivas y algunas instituciones locales. Buscan obtener suficiente poder territorial y social para garantizar la continuidad del negocio ilegal. Por eso combatirlos requiere algo más complejo que desplegar soldados. Se necesita recuperar la legitimidad institucional. Esto implica fortalecer gobiernos locales, combatir la corrupción, formalizar economías, regular la minería, garantizar servicios públicos, generar oportunidades productivas y evitar que los recursos estatales terminen capturados por estructuras criminales.La disputa verdadera es por el territorio y por la legitimidad.
Las relaciones recientes entre Colombia y Ecuador también dejaron una enseñanza. La política exterior no puede depender de las afinidades ideológicas entre gobiernos. Cuando la diplomacia se convierte en una extensión de las preferencias políticas de los gobernantes, las relaciones entre los Estados terminan sometidas a ciclos electorales. Colombia y Ecuador necesitan exactamente lo contrario: una diplomacia técnica, informada, profesional y orientada a defender intereses permanentes. Las personas pasan. Los presidentes pasan. Los gobiernos pasan. Las instituciones permanecen.
La actual coincidencia política entre los gobiernos debería aprovecharse precisamente para construir mecanismos institucionales capaces de sobrevivir cuando esa coincidencia desaparezca.
Deberían retomarse y fortalecerse los gabinetes binacionales, establecer metas verificables, construir mecanismos permanentes de cooperación fronteriza y garantizar continuidad presupuestal e institucional a los proyectos estratégicos.
Existe incluso una oportunidad para construir algo diferente. Un comité binacional de sabios. Así como se ha planteado la conformación de espacios de empresarios para pensar problemas estratégicos nacionales, Colombia y Ecuador podrían crear un “Comité Binacional de Sabios para la Frontera”. No debería ser otra comisión burocrática. Podría estar integrado por académicos, empresarios, comunidades indígenas y afrodescendientes, expertos en seguridad, representantes sociales y conocedores del territorio de ambos países.
Su tarea sería presentar periódicamente a los dos presidentes propuestas concretas sobre integración económica, seguridad, infraestructura, educación, cultura, minería, narcotráfico, turismo, ambiente y desarrollo fronterizo. Sería además una manera de devolverles participación a los territorios en decisiones que tradicionalmente han sido tomadas desde Bogotá y Quito.
Los grupos ilegales han tenido mayor capacidad que nuestros propios Estados para identificar las ventajas competitivas de la frontera. Entendieron los corredores. Entendieron los ríos. Entendieron el Pacífico. Entendieron las economías complementarias. Entendieron las comunidades. Entendieron la dolarización. Entendieron que la línea internacional podía convertirse en una ventaja para evadir autoridades y ampliar mercados ilegales.
Mientras los Estados discutían competencias y jurisdicciones, ellos construían redes. La respuesta no puede consistir solamente en perseguirlos. Colombia y Ecuador deben demostrar que también son capaces de entender integralmente su territorio. Necesitamos construir una frontera legal más eficiente que la frontera ilegal. Una frontera donde resulte más rentable producir que traficar; más fácil estudiar que ingresar a una organización criminal; más atractivo invertir que contrabandear; y donde la institucionalidad llegue antes que las economías ilegales.
Nuestro vecino no puede seguir siendo lejano. Colombia y Ecuador tienen la oportunidad de comenzar una nueva etapa. La apertura efectiva del corredor de Mataje podría convertirse en su primer símbolo. Después deberían venir la cooperación en seguridad e inteligencia, los proyectos productivos binacionales, la integración universitaria, la movilidad fronteriza, la formalización minera, el turismo, la infraestructura y una estrategia conjunta hacia el Pacífico.
Pero existe algo todavía más importante: construir identidad. Las fronteras alejadas de los centros políticos suelen padecer Estados débiles precisamente porque sus habitantes sienten que las decisiones se toman desde lugares distantes que pocas veces comprenden sus necesidades.
La integración debe construirse desde el territorio. Nariño, Carchi, Esmeraldas y las demás zonas fronterizas no pueden continuar siendo periferias de Bogotá y Quito. Deben convertirse en el centro de una nueva relación binacional.
Tenemos historia, cultura, economía y comunidades compartidas. Tenemos también amenazas comunes. La pregunta es si nuestros Estados serán capaces de comprender finalmente aquello que los actores ilegales entendieron hace décadas: la frontera no es una línea. Es un territorio.
Ecuador siempre ha sido nuestro hermano. Llegó el momento de que deje de ser nuestro vecino lejano.
