Mario Cepeda
Colombia necesita una discusión seria, abierta y soberana sobre la política de drogas. Esa es, sin duda, la tarea pendiente que explica por qué, más allá de los discursos, la estructura prohibicionista sigue intacta. En esencia, no ha cambiado nada. Si bien el gobierno de Gustavo Petro prometió una transformación profunda del enfoque, en la práctica ha replicado decisiones similares a las de sus antecesores. La política prohibicionista —basada en la represión, la erradicación forzada y el uso de glifosato— no es ya patrimonio exclusivo de la derecha. Como revelamos en Página 10, bajo este gobierno se adjudicó un contrato por $2.673 millones para la compra y distribución de glifosato en 15 departamentos, incluido Nariño, con entregas previstas en Tumaco y Chachagüí. La política de drogas, más allá de la retórica, permanece en el mismo lugar.
La socióloga Estefanía Ciro lo resume con lucidez en su más reciente columna:
“Colombia sigue atrapada en la lógica prohibicionista frente a las sustancias psicoactivas: el ritual de la estigmatización mediática se repite mientras crecen los cultivos y las incautaciones. […] Como cada año, en esta fiesta pública todos alucinan con la molécula prohibicionista y se toman las mentas antidrogas. […] Pero nada cambia en la estructura, y terminamos igual de entrampados. ‘La única justificación para la prohibición sería que fuera exitosa’, escribió Huxley, ‘pero no lo es, y por la naturaleza de las cosas no lo podrá ser’.”
En este contexto nacional, Nariño ha mostrado una ruta distinta. Nuestro departamento tiene una trayectoria de liderazgo ambiental y respeto por la autodeterminación territorial. Desde Parmenio Cuéllar hasta Luis Alfonso Escobar, los gobernadores han sostenido una línea de defensa del territorio basada en la sustitución voluntaria y el respeto a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta postura ha sido reflejada y fortalecida en cada plan de desarrollo, donde la sostenibilidad y la vida han estado por encima del castigo y la imposición.
La Corte Constitucional ha ratificado esta visión en sus sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021, al señalar que la aspersión aérea con glifosato no solo representa riesgos para la salud y el ambiente, sino que también vulnera derechos fundamentales como la participación y la consulta previa. Pese a ello, el Estado ha intentado avanzar en estas prácticas sin garantizar estos derechos, como quedó demostrado en los procesos irregulares que pretendían habilitar el uso del glifosato durante el gobierno anterior. Hoy, con la posible fumigación terrestre, la historia se repite con otro color político.
Por eso, el liderazgo político en Nariño no puede depender del signo ideológico del gobierno nacional. La defensa del territorio no puede ser gobiernista. Si ayer criticamos al presidente Duque por impulsar la fumigación, hoy no podemos guardar silencio ante un contrato de glifosato adjudicado por el gobierno Petro. La coherencia no es un gesto menor: es el sustento de un liderazgo ético. Nariño necesita voces que hablen con claridad, que no teman señalar los riesgos de una política regresiva, sin importar de dónde venga.
Decir no al glifosato no significa cerrar los ojos ante los efectos nocivos de los cultivos de uso ilícito. Estos siguen provocando deforestación, contaminación de ríos, violencia territorial y tensiones entre colonos y comunidades étnicas. Lo que decimos es que su solución no puede seguir basándose en medidas que agudizan el daño. Lo mismo aplica para la minería ilegal: su “formalización” desconoce los derechos de los territorios colectivos y amenaza el papel fundamental de las comunidades como guardianes del ambiente.
Al final, el debate sobre la fumigación con glifosato es el síntoma de un problema más profundo: un Estado que aún no entiende que no puede actuar contra su propio territorio. No puede priorizar la burocracia, la ideología o la rentabilidad política por encima de la legitimidad que se construye con la gente. Mientras sigamos atrapados en el esquema prohibicionista, seguiremos girando en círculos. Como también advierte Ciro,
“La otra opción es asumir que los cambios importantes no se dieron, y hacerlo sin culpas, ni quejas o ingenuidades, sin la alucinación prohibicionista. Así se podría ampliar la discusión desde las regiones, los actores y la soberanía.”
Nariño tiene la oportunidad de mantenerse firme. De no ceder en lo que ha sido su bandera durante décadas. De exigir con dignidad que el debate sea profundo, no superficial; que el cambio sea estructural, no cosmético. Decir no al glifosato es decir sí a la vida, a la paz territorial y a una política de drogas que respete la soberanía de nuestros pueblos.
Por eso, desde Página 10 queremos ir más allá del diagnóstico y abrir una conversación estructural y sostenida. Invitamos a líderes sociales, autoridades étnicas, académicos, organizaciones comunitarias y ciudadanía interesada a construir conjuntamente una iniciativa que nos permita comprender y transformar las raíces de este problema. Proponemos la creación de un Centro de Análisis y Estudio sobre la Economía Ilegal en Nariño, un espacio técnico, plural y riguroso, que permita analizar y divulgar información sobre el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión —todos ellos fenómenos que impactan de manera transversal la vida del departamento—. Nuestro objetivo es generar conocimiento útil, fomentar el debate público y producir insumos para la formulación de políticas públicas que realmente respondan a las complejidades del territorio. Este Centro aspira a contribuir activamente a la construcción de paz, al fortalecimiento institucional y a una comprensión más justa y profunda de los desafíos que enfrenta Nariño. La tarea es grande, pero también lo es nuestra convicción de que el cambio empieza por entender, dialogar y actuar con responsabilidad colectiva.
