Mario Cepeda
Uno de los libros que nunca dejo de releer es Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson. Lo hago porque me recuerda que no es solo la voluntad de las personas, sino la calidad de las instituciones que estas construyen y mantienen, lo que define el rumbo de una sociedad. Donde estas son inclusivas y pluralistas, florecen la innovación y la prosperidad. Donde son extractivas, dominadas por élites que usan el poder para su beneficio, la pobreza y la violencia se perpetúan. Nariño, lamentablemente, parece encajar en este segundo modelo.
Nuestro departamento está atrapado en un círculo vicioso institucional. El Estado nunca ha logrado ejercer control efectivo sobre su territorio. En su lugar, actores armados ilegales han asumido funciones de justicia, seguridad y hasta prestación de servicios sociales. Esto no solo socava la legitimidad estatal, sino que también transforma a estos grupos en sustitutos de facto del Estado, perpetuando una lógica de poder por fuera del marco democrático.
Este vacío institucional se refuerza con una economía también atrapada en la extracción. Predominan los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, actividades que no solo destruyen el medioambiente, sino que también financian esa otra institucionalidad paralela e ilegal. Lo que debería ser una “destrucción creativa” que impulse nuevas formas de desarrollo se ha convertido en una “destrucción regresiva” que nos ancla al atraso.
La situación se torna aún más compleja por un sistema político cerrado y profundamente clientelista, donde el acceso al poder público suele depender del apellido, los lazos familiares o los favores partidistas. Esta arquitectura institucional limita la innovación, perpetúa dinámicas de exclusión y bloquea la renovación democrática, sin importar la ideología que ocupe el gobierno. La figura de los fondos mixtos, lejos de fortalecer la gestión local, ha debilitado las capacidades institucionales al trasladar funciones públicas a operadores privados. Esto no solo reduce el control ciudadano y la transparencia, sino que impide la captación de tributos por ejecución directa, fragmenta la política pública y priva a las entidades estatales de valiosas oportunidades de aprendizaje y mejora continua en la prestación de servicios.
Los actuales procesos de paz territorial, aunque bien intencionados, corren el riesgo de agravar el conflicto si no se abordan de manera integral e incluyente. Negociar con dos bloques de actores armados mientras se excluye a uno de los más relevantes —con fuerte presencia en la cordillera nariñense— perpetúa la lógica del reemplazo: sale un grupo, entra otro. Esta dinámica no solo impide la consolidación de la paz, sino que desestabiliza aún más el territorio. La violencia se recicla y el miedo se convierte en arma estratégica. Lo que antes parecía un problema del Cauca o del Valle del Cauca, hoy golpea con fuerza a Nariño, y ya se siente en Pasto. La zozobra es cotidiana. Como bien lo expresó el alcalde Nicolás Toro, dejar una motobomba cerca de una escuela “es demencial”. Tiene razón.
No habrá paz en Nariño sin Estado. Pero no cualquier Estado: uno que concentre el uso legítimo de la fuerza, que garantice justicia y que impulse una economía productiva, no parasitaria. El problema de fondo no es la violencia en sí misma, sino la arquitectura institucional que la sostiene.
Si no transformamos nuestras instituciones políticas y económicas —si no rompemos estos círculos viciosos— Nariño seguirá fracasando. Pero si lo hacemos, podemos cambiar el rumbo. Tal vez ese sea el mayor desafío de nuestro tiempo: dejar de administrar la miseria para empezar a construir la esperanza.
Finalmente, ha llegado el momento de apostarle a la unidad por Nariño. Más allá de las diferencias ideológicas o personales, necesitamos construir un propósito común que nos convoque a todos. La frase “los buenos somos más” puede sonar bienintencionada, pero también resulta excluyente; nos impide ver la complejidad del tejido social y las posibilidades de encuentro. El verdadero reto es cómo logramos que quienes han estado en orillas opuestas —ya sea por necesidad, convicción o supervivencia— puedan confluir en la construcción de un territorio más justo y viable. Necesitamos un Nariño amplio, incluyente, donde quepamos todos. Para eso, debemos escucharnos, entendernos y reconocer que quizá la solución no vendrá de afuera, sino de nuestra capacidad de mirarnos con empatía y actuar con responsabilidad.
